Ciudad CCS/Radio Okey Estereo 107.3fm.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió con los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante los años 60, 70 y 80.
Desde allí Ortega Díaz informó que el Ministerio Público ha iniciado distintos procesos para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante los gobiernos la Cuarta República.
Se dio a conocer que llevan en investigación mil 188 fallecidos, señalando que “ahí no estamos contando a los torturados, los que lograron sobrevivir a las torturas. De esta cifra, 855 muertos pertenecen a los fallecidos de los años 60, 70 y 80, excluyendo a los del Caracazo, los de Cantaura, Yumare y El Amparo”, expresó.
Indicó que se creó una comisión especial integrada por forenses, antropólogos, odontólogos, expertos en criminalística y los fiscales designados Espartaco Martínez, Alba Martínez, Juan Carlos Tabares y Mery Gómez, quienes investigarán para dar con los autores y partícipes de estos delitos.
“Estamos activados, se harán tres exhumaciones, siete inspecciones técnicas, dos inspecciones aéreas, un reconocimiento médico legal y un estudio en algunos sitios claves”, manifestó.
La fiscal reiteró que “Venezuela es ahora un Estado respetuoso y garante de los derechos humanos”.
La fiscalía abrió una oficina de atención en la esquina de Ferrenquín. También se habilitó la línea 0800-v607080 y el correo electrónico victimas607080@ministeriopublico.gob.ve para el contacto directo con los afectados.
La titular del Ministerio Público hizo un llamado a los testigos de los hechos y familiares de las víctimas para que ofrezcan sus testimonios y aportes sobre los asesinatos, ajusticiamientos, desapariciones y torturas, durante los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, ya que solamente los familiares de 25 víctimas han dado información detallada para ayudar a las investigaciones.
En la reunión también estuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, el contralor general Clodosbaldo Russián, el vocero internacional de derechos humanos Germán Saltrón, fiscales de los casos y los diputados Marelis Pérez Marcano, Carlos Gamarra y Lídice Altuve.
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