
Caracas, AVN .- El Ministerio Público (MP) acusó a dos capitanes activos del Ejército, tres funcionarias del Banco del Tesoro y un particular por presuntamente guardar relación con hechos de corrupción cometidos en perjuicio de la referida institución durante el primer semestre de 2009.
En nota de prensa publicada este lunes por el MP, se informó que los fiscales 57° nacional y auxiliar acusaron a los capitanes Harol José Peña (gerente de Banca Corporativa del Banco del Tesoro) y a Fernando Sojo Hernández (gerente general del Créditos de dicha institución), por presuntamente incurrir en los delitos de apropiación indebida de créditos, tráfico de influencia y asociación para delinquir.
Asimismo, fueron acusadas Nayancy Castillo (analista de Crédito) y María Teresa Laya (gerente de línea de Banca Corporativa), por los delitos de aprobación indebida de fondos, en grado de facilitadoras, y asociación para delinquir.
Resaltó el MP que ambas acusadas guardan relación con los militares implicados, pues Castillo es esposa del capitán Peña, y Laya del capitán Soto Hernández.
Igualmente, fueron acusadas Edith Veliz (coordinadora de Créditos de la mencionada entidad bancaria), por corrupción impropia y asociación para delinquir, y su esposo, Ricardo Suárez Hernández, por la presunta comisión del delito de corrupción impropia, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.
En el escrito presentado ante el Tribunal 13° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) se solicitó la admisión de la acusación, se ordene el enjuiciamiento de estas seis personas y se mantenga la medida privativa de libertad de los dos capitanes, de la coordinadora de Créditos del Banco del Tesoro (Edith Veliz) y para su esposo (Suárez Hernández), quienes permanecen detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Contra Castillo y Laya, esposas de los dos capitanes del Ejército, existe una medida de arresto domiciliario.
Adicionalmente, se mantiene vigente la prohibición de gravar y enajenar bienes, la inmovilización de las cuentas bancarias de estas seis personas y la ocupación temporal de sus bienes.
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